Cafayate adhirió a la Ley de Emergencia Pública

Concejo Deliberante de Cafayate

El Concejo Deliberante de Cafayate retornó del cuarto intermedio del viernes de la semana pasada para aprobar por unanimidad y por un plazo de 180 días la adhesión a la ley de Emergencia Pública, normativa que caducaría el 31 de diciembre de 2011 y que hasta la fecha no fuera prorrogada.


Los concejales por unaninimidad votaron para adherir a esta ley, aprobando los artículos 8º, 9º y 10º de esta normativa que fuera aprobada el 6 de enero de 2002 y que fuera prorrogada en varias oportunidades por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Esta ley en los articulos 8º, 9º y 10º habla de las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público.


Textualmente dicen lo siguiente:
ARTICULO 8° — Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1).
ARTICULO 9° — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
ARTICULO 10. — Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.